El Grupo de Puebla nace oficialmente en México, en julio de 2019, teniendo como antecedente al Foro Anual de Biarritz que desde el año 2000 congrega líderes políticos y económicos de América Latina y Europa para debatir, reflexionar y analizar problemáticas comunes.
Uno de sus objetivos se centra en reimpulsar el progreso latinoamericano golpeado por el paso de la oleada de gobiernos neoliberales que se han estado asentando en Latinoamérica. Así lo indica la Declaración de Puebla, en su manifiesto inaugural. Otro de sus propósitos es el diseño de propuestas progresistas construidas bajo valores democráticos en un Estado de Derecho; buscando que el grupo sea un “espacio de coordinación política” donde se gesten los cambios sociales.
No es casualidad que la ciudad de Puebla haya albergado el encuentro de treinta líderes que se autodefinen como progresistas, y provienen de diez países Latinoamericanos, pues coincide con la estrategia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para posicionarse como uno de los líderes de la izquierda latinoamericana.
Como parte de su primera gira internacional, el presidente electo de Argentina y uno de los líderes más representativos del Grupo de Puebla, Alberto Fernández, se traslada a México para reunirse con AMLO. El gesto de seleccionar a este país para su primer viaje después de las elecciones representa un guiño político hacia México, pero rompe con la tradición diplomática argentina de visitar Brasil en primera instancia, como muestra de integración regional, con un país con el que además tiene mucha interdependencia económica. En este caso, el cambio de destino es una muestra de las reservas que mantiene Fernández respecto al gobierno de Bolsonaro.
Una de las prioridades del nuevo presidente de Argentina es el replanteamiento del tablero geoestratégico de la región a través de la asignación de roles que terminen con la hegemonía del eje bolivariano. La Alianza AMLO-Fernández, confirma el surgimiento de un nuevo eje norte-sur en América Latina para gestar organismos multilaterales que promuevan nuevos soportes de integración.
Otro hecho relevante fue la oferta y posterior asilo político de AMLO y su gobierno a Evo Morales, expresidente de Bolivia. El presidente mexicano señaló sentirse orgulloso de encabezar un gobierno donde se garantice el derecho de asilo, asegurando que ha actuado con apego a la Constitución -Art. 11- y a los Tratados Internacionales.
La llegada de Evo Morales a México ha provocado un revuelo interno, pero también reacciones a favor de líderes izquierdistas de Latinoamérica, entre ellos Nicolás Maduro. En las tareas de gestión diplomática, es relevante la actuación de Marcelo Ebrard –Secretario de Relaciones Exteriores de México- como una fuerza impulsora dentro del gabinete presidencial en favor del nuevo eje. El rol regional de AMLO, en apego a su práctica diplomática de no intervención, ha sido fortalecido por las acciones de Ebrard, quien representará a México y su presidente en las reuniones del Grupo de Puebla para reforzar las alianzas internacionales.
A diferencia del Grupo de Lima –conformado por gobiernos- y creado en 2017 con el objetivo de enfrentar la crisis democrática en Venezuela, este nuevo Grupo –que reúne a figuras políticas, expresidentes y presidentes electos- defiende la soberanía venezolana ante la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. De la misma forma, el Grupo de Puebla se desvincula del Foro de Sao Paulo conformado por partidos y movimientos sociales de la región.
Uno de los temas centrales en el primer conversatorio ha sido el llamado Lawfare, es decir el “uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político”. Las fases del lawfare son: “timing político; reorganización el aparato judicial; el doble rasero de la ley; medios de comunicación masivos y concentrados”. Estas se ilustran con ejemplos no aislados de miembros integrantes del Grupo de Puebla, en la también llamada “Guerra Judicial”.
Para el expresidente de Colombia Ernesto Samper el lawfare es una “estrategia que se constituiría en los albores del neoliberalismo, evolucionando hasta posicionarse como la principal arma de la derecha, pero en esta ocasión, más reaccionaria y más feroz”. El timing político se evidenciaría en la operación Lava Jato que comenzó en 2009 y tomó gran impulso en 2013, como una forma de desprestigiar al gobierno de Dilma Rousseff y a los miembros de su partido, especialmente al ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En la fase cuatro del lawfare comúnmente denominada “periodismo de guerra”, los medios de comunicación construyen un “consentimiento” de la opinión pública, enfatizando algunos casos y omitiendo otros. Se hace efectivo el uso de argumentos sobre la relación simbiótica de los medios de comunicación con poderosas fuentes de información tanto por necesidades económicas, como por la reciprocidad de intereses, idea descrita por Chomsky y Herman en Manufacturing consent. The political economy of the Mass Media.
Siguiendo esta idea, Marco Enríquez Ominami (Chile) y Pedro Rubén Brieger (Argentina), integrantes del Grupo de Puebla, han señalado que la hegemonía mediática de la derecha utiliza esta estrategia difundiendo y magnificando, en todos los medios, los temas que golpean al progresismo. Para dar seguimiento a este tipo de preocupaciones, el Grupo de Puebla ha creado el Comité Latinoamericano por la Defensa de la Justicia y la Democracia (CLAJUD) con el fin de denunciar los casos de persecución jurídica contra los líderes Latinoamericanos.
A pocos meses de su creación, el Grupo de Puebla ha realizado dos encuentros internacionales incorporando nuevos miembros que suman ya 40 líderes de trece naciones. El tercero de los encuentros a realizarse en Chile, fue postergado debido al clima de inestabilidad política y social por el que atraviesa ese país. Hay un importante foco de atención en los líderes que integran este grupo debido a sus trayectorias como líderes o gobernantes. Su incidencia en la política interna de algunos países se asocia con la capacidad de generar movilizaciones que han quedado en evidencia por varios países en el mes de octubre.
Queda por ver si en realidad este Grupo de Puebla encarna una nueva tendencia de los gobiernos de izquierda de cara al cambio de ciclo político, o si más bien se trata de una realineación de grupos de poder en el ámbito ideológico para movilizar recursos y obtener réditos políticos. Lo cierto es que sus cimientos ya están en Argentina y México, generando gran expectativa y aires de renovación en los procesos de integración latinoamericana.
