Hablar del litio en Bolivia, significa adentrarse en un campo espinoso, no solo en temas de comercio, producción y exportación, sino también, porque se trata de un recurso natural con una compleja gestión político – territorial y porque afecta a los imaginarios nacionalistas sobre los recursos naturales. Con la llegada del presidente Evo Morales al poder en el año 2006, el Estado asumió un rol principal en la comercialización y explotación de los recursos naturales. Sin embargo, a pesar de tener una de las mayores reservas a nivel mundial de litio, Bolivia no ha sido capaz de posicionarse como uno de los mayores exportadores y comercializadores en el mercado internacional, debido al bajo valor agregado que se le ha otorgado
Un año después de la elección de Morales, el Decreto Supremo N° 29.117 proclamó la reserva fiscal del territorio nacional garantizando así el acceso a los recursos minerales. Por otro lado, la Ley N° 3.720 de ese mismo año decretó que las facultades de comercialización, exploración, industrialización y explotación del mineral de propiedad del fisco corresponden a la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
COMIBOL tenía poder absoluto sobre el manejo de los recursos y ya contaba, para el año 2008, con un presupuesto y un proyecto piloto para la creación de una planta para explotación de recursos naturales como el litio del Salar de Uyuni, promovida por la Dirección de Evaporíticos de Bolivia en la Resolución N° 3.801/08. Todo esto se realizó con el fin de que “su administración fuese en función del interés colectivo” y esta misma legislación permite la participación de empresas privadas con la condición de que las utilidades obtenidas deberían ser reinvertidas en Bolivia.
El gobierno de Morales firmó un contrato con la empresa alemana ACI Systems, con el fin de producir hidróxido de litio con el que se elaborar baterías de ion de litio que se comercializaría en el mercado europeo. Firmó también un acuerdo con la empresa china Xinjiang Tbea Group-Baocheng con el mismo fin de producción para Asia. Las dos empresas crearían de manera mixta, una sociedad donde el mayor accionista sería la empresa Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y fue así, como ésta también firmó un trato con Quantum, una fabrica de vehículos eléctricos con una planta de Cochabamba.
Sin embargo, este plan fue cuestionado por sectores de la opinión pública y se acuso a Morales de traidor por impulsar un proyecto de desarrollo industrial en el que se “entregaba recursos naturales a empresas extranjeras”. Ante las presiones, sobre todo provenientes de la zona de Potosí, Morales retiró el proyecto de baterías, rompiendo el trato firmado con la empresa alemana y prometió la inversión en una fábrica de baterías en la ciudad de Potosí, el traslado de la sede de YLB y una negociación más justa de los royalties.
La oposición al proyecto la lideraba el dirigente de la zona de Potosí Marco Pumari, que luego tuvo una activa participación en los sucesos que llevaron a la salida del presidente Morales del gobierno. Los aireados discursos de Pumari en contra de Evo Morales consiguieron el apoyo de la derecha y buena parte de la izquierda de Potosí, logrando la organización de manifestaciones violentas y bloqueos en la ciudad. Esto no fue suficiente. Para lograr un mayor impacto y movilización ciudadana, Pumari terminó de convencer a la población sobre la pertinencia de sus demandas con una declaración de huelga de hambre para reivindicar un royalty mayor al 3% de la industria del litio ofrecido por el gobierno de Morales. De esta manera, Potosí, luego de ser una ciudad representativa de izquierda e indígena, se sumó a la ideología conservadora y empresarial de Santa Cruz, ciudad donde Morales ya estaba acostumbrado a las movilizaciones permamentes contra su gobierno.
El litio en Bolivia no ha significado un recurso meramente comercial, sino que ha supuesto un cambio radical en la población que algún día apoyó a Morales. El proyecto de industrialización del Salar Uyuni se convertió en caldo de cultivo de conflicto cuando los campesinos, mineros y sindicalistas de la zona demandaron al presidente Morales por no cumplir con la promesa de que la explotación de los recursos del subsuelo no dependería de maquinarias, inversiones, condiciones o recursos de las grandes multinacionales.
